La ocultación de la verdadera causa del síndrome tóxico impidió la curación de miles de españoles mientras la ciencia a los 3 meses ya sabía que no podía ser el aceite de colza, el poder acusaba y encarcelaba a los industriales del aceite de colza. Mientras la ciencia a los 8 meses ya sabía como curar a los afectados, el poder ocultaba a más de 60.000 enfermos la posibilidad de su curación.


Simultáneamente, otros investigadores han ido siguiendo una pista distinta, que conduce a un origen mucho más lógico para la epidemia, si tomamos en consideración todos los elementos que conformaron la intoxicación detectada en 1981. Esta pista tiene su punto de partida en una combinación insecticida, concretamente un combinado nematicida organotiofosforado que envenenó a las más de 60.000 víctimas al consumir éstas tomates de una determinada partida tratada con el aludido insecticida.
La investigación por vía judicial de esta posibilidad, así como de cualquier otra hipótesis plausible con respecto a la causa real de la enfermedad, investigación que no debería de finalizar hasta lograr demostrar fahacientemente cuál fue el indiscutible desencadenante de la tragedia, es el camino que debe de desembocar en el auténtico juicio del síndrome tóxico, con reparto de responsabilidades a quien realmente y en justicia corresponda.

Meses más tarde, pero siempre dentro del mismo año 1981, el Ministerio de Sanidad queda ampliamente informado de la posibilidad de que determinado insecticida organotiofosforado podría haber desencadenado la nueva enfermedad. Pero no actúa en consecuencia.
Y a mi entender la cosa se agrava aún más cuando 8 meses después de aparecer el primer caso de síndrome tóxico, un médico militar, el teniente coronel Luis Sánchez-Monge Montero, envía al gobierno, al INSALUD, “para que lo leyera Valenciano”, me diría, refieriéndose con ello al Dr. Luis Valenciano, a la sazón Director General de la Salud Pública, un informe en el que afirmaba que el origen de la grave enfermedad radicaba en un veneno que bloqueaba la colinesterasa, y en el que explicaba cómo había que curar a los enfermos. Mas adelante definiría este veneno como un compuesto organofosforado. No se trataba de una aventurada teoría: el Dr. Sánchez-Monge ya había curado para entonces particularmente a unos cuantos afectados. Lo cual quiere decir que tal vez no todas, pero decididamente muchas de las 60.000 víctimas podrían estar curadas desde 1982. Pero nadie reacciona en el INSALUD ni en la Dirección General de la Salud Pública. Mas la gravedad de la inhibición oficial no termina allí. El Dr. Sánchez-Monge envía también un informe sobre sus evaluaciones y curaciones a la publicación especializada “Tribuna Médica”, que lo reproduce en la página 8 de su número 937, correspondiente al 19 de marzo de 1982. Yo me imagino que el Ministerio de Sanidad debe de estar puntualmente informado de cuantas noticias interesantes se publican en un semanario de las características de “Tribuna Médica”. De modo que me imagino al Sr. Ministro enterado de que hay un médico que está afirmando haber curado a una serie de pacientes de la enfermedad conocida por síndrome tóxico, enfermedad nueva y desconocida en cuanto a su tratamiento, y que en aquellos momentos configuraba el problema número uno planteado a la Sanidad española con carácter de extrema urgencia permanente, hasta su total resolución. me imagino que en estas circunstancias el máximo responsable de la salud de sus conciudadanos lo dejará todo para leer lo que escribe un médico que afirma haber logrado la curación de unos cuantos afectados. Y al minuto siguiente de concluir esta lectura, me imagino al aludido velador de nuestra salud telefoneando al médico en cuestión, para tenerlo al cabo de una hora en el Ministerio de Sanidad y discutir con él sus experiencias con la finalidad de aplicarlas —en el supuesto de que realmente resultaran positivas— al resto de la población afectada por la misma epidemia. Pues no. Nadie, ni desde el INSALUD ni desde el Ministerio de Sanidad, se acercó a ver que más tenía que decir el único médico español que había logrado salvar vidas y aliviar a enfermos de la masiva intoxicación.
De lo que se trataba precisamente —a la vista de toda la evolución del problema, y tal y como lo documento ampliamente en el libro Pacto de Silencio (Compañía General de las Letras, Barcelona, marzo 1988)— era de no curar a los enfermos, para evitar así el que se descubriera el verdadero orígen del envenenamiento.
Solamente así cobra sentido el trato oficial dado al Dr. Antonio Muro y Fernández-Cavada, director en funciones del Hospital del Rey, en Madrid. Cuando el Ministerio de Sanidad todavía seguía dictando que el origen de la enfermedad había que buscarlo en un micoplasma, de transmisión aérea, y de entrada en el organismo por vía respiratoria, el Dr. Muro ya afirmaba el 10 de mayo de 1981 —a los 10 días de detectada la enfermedad— que eso era imposible, y que la vía de transmisión era necesariamente —dadas las características de la sintomatología— la digestiva. “Si se hubiera enfocado la enfermedad por vía digestiva desde el mismo día 10 de mayo en que se dijo, se habría muerto menos gente y la investigación se habría enfocado en otro sentido”, me diría el hijo del difunto Dr. Muro, mientras el letrado Juan Francisco Franco Otegui denunciaba ante el Parlamento Europeo el 26 de octubre de 1986 que el gobierno había condicionado los diagnósticos, ocultado o retrasado el reconocimiento de síntomas de la enfermedad, y manipulado resultados analíticos para añadir que “paralelamente, la Administración impidió el desarrollo de hipótesis alternativas valiéndose de todo tipo de medios incluídos la ocultación y falsificación de todos aquellos datos que exigían la apertura de nuevas líneas de investigación.”

Un ejemplo más: el Dr. Muro, desesperado por el hecho de que las altas instancias sanitarias del país hacían caso omiso de sus indicaciones acerca de la forma en que había que llevar la investigación, se lanzó el día 13 de mayo de 1981 a predecir nuevos focos de afectados: dado que había seguido la pista de la enfermedad y había logrado dar con la red de distribución del producto venenoso, notificó en la tarde del 13 de mayo a los doctores Munuera y Cañada —subdirector general de programas de Sanidad— dónde exactamente iban a aparecer nuevos casos de afectados al día siguiente, con especificación de poblaciones y de calles. Al día siguiente, 14 de mayo, aparecieron efectiva y puntualmente estos nuevos afectados en las poblaciones y en las calles indicadas por el Dr. Muro. Pero en vez de que ello sirviera para que el Ministerio de Sanidad se decidiera por hacerle caso, sirvió para todo lo contrario: al día siguiente, 15 de mayo, un telegrama del Ministerio ordenaba el cese fulminante del Dr. Antonio Muro y Fernández-Cavada de su puesto de director en funciones del Hospital del Rey.
Ese cese fulminante, así como la renuncia a acelerar la curación efectiva de los enfermos —se estaba a tiempo de lograr esta curación efectiva si se hubieran escuchado las voces que iban bien encaminadas— debía necesariamente de obedecer a muy poderosas razones que nada tienen que ver con la Sanidad, ni siquiera con el propio gobierno español. Era el precio que se cobraba el silencio del pacto.

Para finalizar este tema, quiero dejar constancia de la sorprendente realidad de que cuando el síndrome tóxico —sin estar resulto ni muchísimo menos— deja ya de ser un tema de importancia para las autoridades españolas, lo sigue siendo de forma prioritaria para los Estados Unidos. Esto sólo ya es un escándalo en sí mismo. ¿Es que los americanos querían patentar en su país el sistema de desnaturalización y re-naturalización de aceite de colza que habían aplicado quienes se sentaron en el banquillo de la Casa de campo? Que nadie se engañe: más bien estaban al corriente desde el principio de lo que realmente aconteció aquí en la primavera de 1981. El detalle que cito aparece textualmente en la hoja 4ª del Acta de la sesión del 17 de noviembre de 1983 del Pleno de la Subcomisión de Investigación Clínica de la Comisión Unificada de Investigación, integrada en el Plan Nacional para el Síndrome Tóxico dependiente de la Presidencia del Gobierno. Citando una intervención del Dr. Manuel Posada de la Paz, puede leerse allí: “A continuación expuso la relación de trabajos que se van a enviar para ver si pueden ser subvencionados por la vía del convenio Hispano-Americano. Dicho convenio está basado en un dinero que Estados Unidos paga al Gobierno español por las bases americanas, que se invierte en proyectos de investigación conjuntos para ambos países. Hace un año el SAT (síndrome del aceite tóxico) era un tema prioritario para los dos países, pero en el momento actual no lo es para España aunque los americanos siguen muy interesados.”



Hay naturalmente otras muchas consideraciones básicas que excluyen la posibilidad de que el aceite de colza desnaturalizado fuera el causante de la tragedia.
Por ejemplo: si fuera el aceite el causante, ¿cómo se explica la discriminación intrafamiliar? Esto es: ha quedado constatado que es muy rara la afectación de toda la familia, puesto que siempre permanecen invulnerables alguno o algunos de sus miembros. Por lo que, dado que el aceite en una cocina como la española es consumido por todos, éste es difícilmente el vehículo del tóxico.
Lo mismo cabe argumentar para la discriminación interfamiliar. Intrafamiliar es dentro de la misma familia, en la composición de la familia. Interfamiliar es en cambio entre familias, la discriminación que la enfermedad hace entre una familia y otra. Pues es sabido que el “garrafista” ha vendido a lotes completos de vecinos, y solamente han enfermado por ejemplo los del 2º F, los del 7º C y los del 1º B, mientras que el resto permanecen sanos, a pesar de que las garrafas se habían llenado en el mismo momento, del mismo tanque, y fueron vendidas el mismo día. Etc. etc.

Resulta que durante el año 1981 se distribuyó en Cataluña aceite fraudulento de composición semejante al distribuído en la región central, que por ello también fue declarado como aceite tóxico en aquel momento. La cantidad de aceite cpmercializado en Cataluña fue superior a 350.000 kg. Pues bien, pese a haber sido distribuida toda esa cantidad de aceite y haberse vendido al público durante varios meses de 1981, no se tiene constancia de la existencia de ningún afectado original de la zona catalana.
Pero lo más sorprendente del caso es que una de estas marcas concretament ‘El Olivo’, fue también distribuida en Castilla, sobretodo en Madrid capital y poblaciones limítrofes. Pues bien, este aceite oriundo de Cataluña, en donde no provocó ningún afectado, al ser consumido en Madrid provoca automáticamente afectación. ¿Es posible que las partidas destinadas a Castilla sean tóxicas y las que se quedan en catalunya sean inocuas? ¿O acaso —como apuntó un letrado de la Defensa durante el juicio— debe atribuirse este fenómeno a una distinta composición genética o reacción sensible de catalanes y castellanos?
Mucho más lógico que buscarle estos tres pies al gato, resulta concluir que el aceite no tuvo en realidad nada que ver con el síndrome tóxico. Nada, excepto que formaba parte en muchos casos del mismo plato que también contenía los tomates que llevaban el tóxico.

Añadiré que a la vista de todos los datos que hoy poseemos, se hace no ya difícil, sino absolutamente imposible, mantener que el aceite de colza desnaturalizado fuera el desencadenante del envenenamiento masivo de la primavera de 1981 en España. Tal posibilidad ha quedado descartada por los nulos resultados arrojados al respecto tanto por la investigación toxicológica, como por la bioexperimental y también por la epidemiológica.


De acuerdo con las averiguaciones del Dr. Muro, el desencadenante del envenenamiento fue una partida de tomates, cultivados en Roquetas de Mar (Almería), y previamente tratados con un compuesto organotiofosforado, el fenamiphos (comercializado con el nombre de Nemacur), combinado con isofenphos (comercializado con el nombre de Oftanol). Cabe remarcar que el isofenphos es el producto que habría causado la característica neuropatía retardada acusada por los afectados, y que la partículo “tio” (en el compuesto organo-tio-fosforado) alude a la presencia de azufre en la mortal combinación. Combinación por lo tanto fosforada y azufrada. Así lo dejaría escrito el Dr. Muro:
“El nematicida fitosistémico Nemacur-10, prohibido en varios países por su alta peligrosidad, e introducido en España por primera vez pocos meses antes de la epidemia del síndrome tóxico, es un organotiofosforado del grupo fenamiphos (4-[metiltio]-m-toliletil-isopropilamidofosfato) que, de no respetarse sus muy dilatados intervalos de seguridad (mínimo de tres meses), se convierte dentro del fruto en un fitometabolito derivado extraordinariamente agresivo —su toxicidad se potencia unas 700 (setecientas) veces— y cuya composición exacta parece ser alto secreto militar. Las partes fundamentales de su molécula y su acción bloqueante irreversible de la acetilcolinesterasa, explica extraordinariamente bien, pese a los desmentidos globales de la OMS, la patogenia y cuadro clínico observados en el síndrome tóxico. Los tomates contaminados son semiselectos de la variedad ‘lucy’, razón por la cual su consumo no ha afectado a clases o zonas urbanas adineradas.”

Esto lo sabía perfectamente Juan José Rosón, al igual que cabe suponer lo saben perfectamente el teniente general Emilio Alonso Manglano, el coronel Catalá y el general Cassinello, por citar solamente a algunos conocedores del tema.
Fuente: Andreas Faber Kaiser, 1988
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